El agua que nos separa

La economía de la Comunidad Valenciana y de Murcia lleva décadas sedienta de agua y a expensas de un reparto de esta riqueza nacional que, con altibajos, ha sustentado su prosperidad en dos sectores clave: la potente industria exportadora hortofrutícola y el turismo.

La sequía cíclica y la limitada capacidad de los embalses de las cuencas del Júcar y, sobre todo, del Segura, que con 1.141 hectómetros cúbicos pueden acumular diez veces menos volumen que los pantanos del Tajo (11.012 hectómetros), por ejemplo, han convertido la escasez de agua en una pesadilla por la dependencia de estos territorios de los trasvases desde el centro peninsular.

El tira y afloja con Castilla-La Mancha -donde las transferencias a través del acueducto Tajo-Segura suscitan un rechazo frontal- se ha recrudecido desde el pasado verano por la falta de lluvias y el descenso de las reservas en los pantanos de Entrepeñas y Buendía. El Gobierno de Mariano Rajoy había auspiciado un pacto entre cinco autonomías plasmando en el memorando, por el que se blindaron los trasvases, que si escasean las reservas en última instancia decide el ministerio, pero como contraprestación a los manchegos se elevó el caudal mínimo de 240 a 400 hectómetros cúbicos como barrera para suspender los envíos de agua al sur. A pesar de ello, la Junta de Castilla-La Mancha mantiene varios recursos judiciales contra estos trasvases, que quieren suprimir definitivamente.

De hecho, este otoño bajó el nivel de ese umbral y el campo alicantino y murciano se ha tenido que regar tirando de los denominados pozos de emergencia y siguen vigentes dos decretos de sequía con otras medidas excepcionales. También se han puesto a funcionar a pleno rendimiento varias desaladoras, sobre todo la de Torrevieja, la más grande de Europa, si bien este recurso no puede abastecer las necesidades de la agricultura.

Aparte de una producción máxima insuficiente, en torno a 80 hectómetros cúbicos al año, el agua desalada debe mezclarse con agua no desalada, porque la primera contiene conductividad tras ese tratamiento y además no es apta para ciertos cultivos.

En cambio, donde existe consenso sobre el aprovechamiento de las desaladoras es en su potencial para abastecer la población flotante en el litoral de la Costa Blanca, ya que las necesidades domésticas no alcanzan las agrarias, ni de lejos. Aun así, de los trasvases del Tajo al Segura también dependen 2,7 millones de habitantes de 80 municipios en varias provincias, abastecidos por la Mancomunidad de Canales del Taibilla.

Depuración
Otro de los esfuerzos asumidos desde hace tiempo por los regantes y los ayuntamientos del Levante se aprecia en la depuración, donde destacan en el conjunto de España. Según un estudio difundido hace unos días por la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), estas dos regiones generan el 54% del total de agua depurada que se utiliza en todo el país, exactamente 155 de los 299 hectómetros cúbicos del balance global nacional. Este volumen equivale a más o menos la mitad del caudal que llega por los trasvases en los últimos años, aunque anteriormente se transfería bastante más agua por el Tajo-Segura.

Parece que nada termina de resolver un déficit hídrico estructural que fuentes consultadas estiman entre 400 y 500 hectómetros cúbicos anuales. Por eso en esta zona se mantiene vivo el recuerdo del Plan Hidrológico Nacional, que recogía un trasvase desde el Ebro. Otras soluciones que han saltado a la palestra recientemente sugieren una conexión Ebro-Duero de 45 kilómetros o la captación en la Sierra de Gredos, en ambos casos para recargar los pantanos de Entrepeñas y Buendía. El reto lo tendrá que asumir el próximo Gobierno central.

No hay comentarios / 23 Mar 2016 por jjimenezescribano
Magua /

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