LEY DEL SECTOR ELÉCTRICO ESPAÑOL
La Ley del Sector Eléctrico 54/1997 tiene como objetivo cambiar las bases de la regulación que, en comparación con regulaciones anteriores, se muestra el convencimiento de que no se requiere de más intervención estatal que la que la propia regulación específica realiza. Como consecuencia de este nuevo principio, la energía eléctrica deja de ser un servicio público y se convierte más bien, en una garantía del consumidor de obtener el suministro de energía eléctrica que demanda. Para lograr este objetivo se propuso la libre generación mediante un funcionamiento de organización de libre competencia.
Aparentemente, las oportunidades previstas para el desarrollo del Sector Eléctrico eran más que favorables, sin embargo, debido al comportamiento variable del mercado, consecuencia de la nueva regulación, se fueron reformando artículos a esta ley prácticamente después del inicio de su vigencia. Se buscaba una estabilidad en costos y fiabilidad de suministro.
Actualmente, los ingresos de la recaudación por los peajes que fija la Administración y que percibe el Sector Eléctrico, son menores que los costos reales asociados a las actividades reguladas y su funcionamiento, lo que ha provocado que se genere, desde hace más de una década, un déficit de 26.062,51 millones de euros, cifra hasta el 10 de mayo del 2013 según el Boletín Oficial del Estado del 13 de julio del mismo año.
Para corregir las diferencias entre costes e ingresos, se han establecido medidas urgentes publicadas en el Real Decreto-ley 2/2013, el 1 de febrero del año en curso que fueron aprobadas el día de ayer.
Con estas medidas, se pretende regular la producción de energía eléctrica en régimen especial, con el propósito de evitar una sobre retribución de las instalaciones de autoconsumo que recaería sobre las otras formas de generación de energía eléctrica (Régimen ordinario). Se proponen dos opciones de venta de la energía renovable: la cesión de la electricidad al sistema pagando una tarifa regulada o la venta de la electricidad en el mercado de producción de energía eléctrica, sin complemento de prima.
La situación crítica en la que se encuentra el sector demuestra que a pesar de que en España se tiene una gran potencia instalada de energías renovables, la tarifa más cara de electricidad en la Unión Europea la pagan los españoles, aun teniendo en cuenta que estas contribuyen significativamente a una mayor independencia energética de los combustibles fósiles, sin embargo, esto no es suficiente si no se cuenta con una regulación basada en principios sólidos estructurales e integrales que, como consecuencia de su aplicación, promuevan la utilización de energías limpias. Por el contrario, se pretenden castigar con impuestos que intentan desesperadamente aminorar el déficit que se genera cada año por el sector eléctrico. La creación del Registro Administrativo de Autoconsumo de Energía Eléctrica, entorpecerá la promoción de dicho autoconsumo.
Tratar de resolver el déficit castigando a las energías renovables provoca consecuencias que alejan a España de una solución consciente. Las medidas impuestas por la reforma a la ley son en sí mismas una contradicción a uno de los principios fundamentales en los que se basa dicha ley, la protección al medio ambiente.
Una solución más razonable y justa, sería por ejemplo, reformar la gestión de las hidroeléctricas y nucleares que son las plantas que más requieren de capital.
Ya que España es ejemplo de potencia de energías renovables para los países que intentan implementar y desarrollar nuevas formas de generación eléctrica, lo que se espera de este país es la aplicación de una política energética impecable.